Aspectos medioambientales en los programas de desarrollo rural

Eduard Bes Jacques
Centre de Formació i Estudis
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
Generalitat de Catalunya


En los países y regiones industrializados, la agricultura ha dejado de ser el elemento base de la economía, tanto a nivel general como en las propias zonas productoras enclavadas en comarcas y regiones rurales.

Las estadísticas comunitarias muestran que a niveles de la Unión Europea, el valor añadido bruto procedente de la agricultura sólo significa el 2’3 % de la economía total. A nivel de España, la cifra es del 4’2%, concretándose en el 6’7% para Aragón y el 1’7% para Catalunya.

Nuevas actividades impulsan el potencial económico y se observan numerosos desajustes en las áreas tradicionalmente agrícolas. La propia Unión Europea, en su documento el futuro del mundo rural, habla del declive que se produce en estas zonas y de la presión que reciben debido a la evolución moderna.

El efecto más evidente está en ese declive y retroceso socioeconómico que sufren muchas regiones. Sin entrar en detalles, que se estudiaron en simposios anteriores o que constituyen motivo de otras ponencias, cabe resaltar que durante los últimos años se instrumentan modelos de desarrollo para recuperar y relanzar las economías de las zonas rurales.

Aceptadas las premisas de la necesidad de impulsar un desarrollo rural integrado y de aplicar medidas de pluriactividad y de diversificación económica, llega el momento de analizar la ubicación de las acciones de desarrollo rural y la incidencia de estos nuevos modelos sobre el medioambiente.

 

Unos nuevos conceptos

Las políticas comunitarias de producción sectorial han conducido a un desarrollo desequilibrado y a la acumulación de excedentes en diferentes productos;faltó inicialmente la actuación horizontal que entrelazase el potencial productivo con las estructuras y la especificidad de cada zona, y que relacionase todo ello con la evolución global de la demanda.

El desarrollo rural puede ser el elemento que permita movilizar todos los recursos del mundo rural, pero añadiendo el criterio de integralidad, ya que en caso contrario será un nuevo camino que no converja con las restantes actividades económicas.

En este sentido, el desarrollo rural integrado se orienta principalmente al turismo verde, a la pequeña industria y al comercio local. Pero están apareciendo conceptos integradores de mayor alcance. Grupos de especialistas de diferentes países y de la propia Comisión Europea hablan de un polinomio socioeconómico con cuatro factores que han de estar en equilibrio y relacionados con la Política Agraria Comunitaria:

 

agricultura - desarrollo rural - medioambiente - ordenación del territorio

En este diseño ya se vislumbra la aparición de las actuaciones medioambientales como un elemento más a considerar.

Otro diseño similar ofrece una mayor cohesión cuando se aplica a todas estas regiones que se encuentran en las condiciones de recesión, despoblamiento y limitación de recursos y que, por tanto, precisan de actuaciones enérgicas de revitalización:

 

 

Desarrollo rural

Sector primario

Agricultura - Pesca - Industrias extractivas

Sector industrial

Pymes - Artesanía - Agroalimentación

Sector terciario

Turismo verde - Servicios - Comercio comarcal

Medioambiente

Ordenación del territorio

 

A través de él se intenta crear un concepto más global, siendo los programas integrados de desarrollo los que dirigen, coordinan y engloban el total de sectores y de actuaciones.

Esta concepción permitiría definir una nueva Política Rural Integrada, perfectamente adaptada a la realidad del mundo rural y de sus pobladores, quienes en definitiva son –o deberían ser– los protagonistas de cualquier proceso de cambio.

 

Desarrollo rural y problemas medioambientales

Los deseos de mejorar las condiciones de vida y de renta de las poblaciones rurales no deben conducir a un desarrollismo a cualquier precio. Todavía son palpables la consecuencias de las implantaciones industriales y de las construcciones turísticas y urbanísticas que se generaron durante los años sesenta y setenta.

El riesgo de agresión no se centra únicamente en el medioambiente, si no que se amplía a aspectos culturales y sociales que también tienen una notable incidencia.

El incremento y la intensificación de las actividades productivas, así como la introducción de nuevas acciones acentúan las posibilidades de degradación.

Una larga lista descriptiva podría resultar fatigosa, pero resulta conveniente repasar, de manera condensada, los sectores y factores que encierran un potencial agresivo.

• En estos análisis se incidirá especialmente en la agricultura, por ser un sector económico importante, tradicional y arraigado en la mayoría de las zonas rurales, así como en la pluriactividad agraria, ya que es la primera alternativa válida para una gran parte de la población rural.

Esta incardinación ancestral no la libra de ser fuente de contaminación y de daños, especialmente cuando busca su intensificación y se aplican las nuevas tecnologías de manera incorrecta:

– Uso de abonos químicos, especialmente nitratos y fosfatos.

– Aportaciones incorrectas de estiércoles y purines a los terrenos agrícolas.

– Aplicaciones incontroladas de agroquímicos a los cultivos.

– Residuos ganaderos, cadáveres y materias orgánicas, que son arrojados a ríos y bosques.

– Residuos de envases, plásticos, etc.

– Los gases, especialmente metano y amoníaco, que generan las explotaciones ganaderas.

– Técnicas de cultivo inadecuadas que conducen a la erosión.

– Gestión y manejo incorrecto de bosques y pastos, etc.

• La industrialización del mundo rural es motivo inicial de satisfacción por los puestos de trabajo que genera. Pero deben asegurarse unas condiciones extremas de respeto al medioambiente y de eliminación controlada de los residuos que generan: humos, metales, derivados químicos, aguas residuales, plásticos no degradables, ruidos, olores… son algunos ejemplos negativos, sobradamente conocidos.

En ocasiones, algunas industrias que se instalan en las zonas rurales aisladas corresponden a una gama que no es aceptada en las áreas urbanas y periurbanas por el riesgo que encierran; o bien se trata de empresas que intentan aprovechar unas condiciones laborales y de costos que resulten favorables y poco conflictivas. La experiencia muestra que las industrias y las empresas de servicios de alta tecnología se concentran en parques y áreas tecnológicas con infraestructuras muy avanzadas.

Pero el mundo industrial también comporta un riesgo de contaminación social: abandono de las actividades tradicionales, edificaciones sin base urbanística, degradación del paisaje, modificación en los hábitos y costumbres, sobrecarga de población, inversiones especulativas, tensiones laborales, etc.

• En cuanto al turismo verde, una solución que parece muy viable y que se fomenta con gran intensidad, también comporta una elevada dosis de riesgos: degradación urbanística, sobrecarga humana en determinadas áreas, acceso incontrolado al bosque y a parajes de valor excepcional, depredación de los espacios verdes, residuos, erosión y contaminación social como la descrita anteriormente…, a los que debe añadirse un cierto riesgo de enfrentamiento de intereses entre diferentes grupos de población rural y entre éstos y los inversores y usuarios exteriores.

Y todavía existen unos posibles peligros comunes a todas las nuevas actividades que se intentan potenciar: la falta de una infraestructura adecuada que permita los suministros básicos, los transportes y la eliminación de residuos.

Cada uno de los apartados indicados puede desmenuzarse, ampliarse y analizarse individualmente, pero excedería a la finalidad de la ponencia.

 

Unas consecuencias no deseadas

Esta contaminación ambiental, y se incluye la que afecta a las personas ya que son parte principal del equilibrio del entorno, se traduce en daños en ocasiones irreparables.

Las aguas superficiales y subterráneas, el suelo y el aire, tres elementos esenciales y filosóficos, son los que más directamente padecen los efectos. Todas las formas de contaminación, envenenamiento, degradación y malos olores que se produzcan, repercutirán en su agotamiento y pérdida de calidad.

Es necesario reiterar los daños sobre el patrimonio natural, el paisaje, los bienes históricos y el abandono de las actividades tradicionales ligadas a la agricultura y a la explotación forestal;centrándose en estos últimos puntos, se producen consecuencias no deseadas que ocasionan la desertización, la pérdida de valor agronómico de los terrenos, los daños a caminos y vías de montaña y el riesgo permanente de incendios forestales.

 

Ningún problema deja de tener una solución

De los razonamientos anteriores podría desprenderse una consecuencia negativa ante los intentos de diversificar las producciones y de implantar nuevas actividades en las zonas rurales.

Se entiende que la realidad ha de ser otra. En el apartado anterior se ha pasado una breve revista a los factores de riesgo, y así se ha manifestado repetidamente.

Se pretende que cuando se diseñan programas de desarrollo rural integrado, los diferentes agentes económicos y sociales que intervengan sean conscientes de los peligros latentes que existen… y que sepan abordarlos con realismo y serenidad.

Afortunadamente, la legislación es exigente en los aspectos de protección al medioambiente, tanto en las fases de prevención como en las de corrección y en la demanda de estudios previos de impacto medioambiental. Pero siguen existiendo riesgos, cuando se intenta evitar o flexibilizar las normas ante determinadas presiones o simplemente por el deseo de animar –como sea– las economías locales.

Cualquier proyecto debe atenerse a las normas y valorar todas las consecuencias. Ésto debe permitir abordar las soluciones sectoriales desde una planificación horizontal que entrecruce las ventajas con las amenazas y permita llegar a soluciones viables.

De esta manera, es posible actuar sobre la agricultura, los bosques, las actividades complementarias y las artesanías manuales y alimentarias, dando cabida a nuevas actividades de las pequeñas y medianas empresas orientadas a la industria, los servicios y el turismo, en su doble vertiente de turismo verde y turismo empresarial.

 

Algunas actuaciones a considerar

Si bien cada programa debe seguir un tratamiento específico y adaptado a sus condiciones, algunos temas son amplios y resultan claramente detectables.

Además es necesario remarcar que la buena gestión productiva, la responsabilidad profesional y social, la formación adecuada y la sensibilización medioambiental son fases que, si se llevan a la práctica, hacen innecesarias todas las restantes medidas y reflexiones.

Actividades agrarias y forestales. Resultan las más conocidas y aparentes, pero al mismo tiempo también presentan muchas carencias porque "siempre se ha hecho así".

– Regular, o en caso extremo, limitar las prácticas ganaderas y agrícolas intensivas, especialmente en zonas de concentración de algunas producciones y en el uso de algunos inputs.

– Mantener una agricultura respetuosa en regiones con limitaciones o sensibles a diferentes problemas.

– Dedicar terrenos a acciones de protección: biotopos, franjas verdes protectoras, etc.

– Lucha contra la erosión y obras de corrección en torrentes y áreas de influencia hidráulica.

– Extensificación de las producciones.

– Incremento de los hábitats naturales para la flora y fauna.

– Gestión de bosques, limpieza y vías de acceso como prevención de posibles incendios.

– Adecuación del bosque para su función recreativa y social.

– Reconversión de terrenos agrícolas en forestales y nuevas repoblaciones.

– Compensar al agricutor que realice acciones de mantenimieno del medioambiente, etc.

Actividades industriales y de empresas de servicios. Existe una normativa suficientemente detallada que los responsables de la planificación del desarrollo deben hacer cumplir.

Actuaciones globales.

– Ordenación del territorio.

– Planes urbanísticos y de delimitación de las áreas industriales, de servicios y de equipamientos.

– Reglamentación del uso de substancias peligrosas.

– Obligatoriedad de los estudios de impacto ambiental.

Ayudas económicas y regulaciones específicas. No debe olvidarse que la política agraria comunitaria muestra una especial sensibilidad hacia las actuaciones tendentes a mejorar las condiciones de vida, de infraestructura, de modernización, de producción, de formación, de industrialización y de inicio de actividades complementarias en las zonas rurales. Estas actuaciones tienen un aspecto claramente aceptado, como es la inversión y el apoyo económico, mientras que el lado normativo y regulador despierta recelos y tensiones.

No existe propiamente una política de defensa medioambiental, pero a lo largo de los años se han fijado directivas, instrucciones y medidas complementarias que se relacionan con este tema, y que en muchos casos contemplan simultáneamente el binomio agricultura-medioambiente. La reforma de la política agraria comunitaria incide significativamente en este tema.

La política comunitaria permite que una cuarta parte del presupuesto comunitario se oriente a proyectos estructurales muy variados y que una cantidad similar vaya directamente a las familias agrarias en forma de ayudas compensatorias de precios y de soporte a las rentas.

La realidad se manifiesta en que un 26% de los ingresos netos de las empresas agrarias procede de subvenciones de explotación, además de un largo listado de ayudas a los otros procesos estructurales, agroindustriales y de modernización.

 

ayudas y acciones concretas

Sin llegar a una relación exhaustiva, se citan algunas de las principales líneas para regular y mejorar las estructuras, adecuar los procesos productivos y participar en una producción respetuosa con el medioambiente:

– Creación de agrupaciones de defensa forestal, vegetal y de sanidad ganadera.

– Inversiones colectivas en las zonas de agricultura de montaña.

– Mejora de viviendas rurales e instalación de teléfonos.

– Agrupaciones para ayuda mutua y sustitución en tareas en la explotación.

– Producción integrada.

– Lucha integrada y control biológico de las plagas.

– Protección y mejora del suelo y del medio.

– Producción forestal, forestación de zonas agrícolas, gestión de bosques, equipamientos, cortafuegos, zonas recreativas, etc.

– Medios de lucha y de prevención contra los incendios forestales.

– Fomento del turismo verde.

– Protección de humedales (convenio RAMSAR), de la fauna y flora salvajes y de las zonas de protección de aves (ZEPAS).

– Actuaciones en zonas marítimas de interés ecologico.

– Fomento de las razas autóctonas en peligro de desaparición.

– Agricultura ecológica o biológica, etc.

La Unión Europea desarrolla programas específicos relacionados con la protección y defensa medioambiental o programas globales que permiten incluir actuaciones en ese ámbito. El Acta Única define las actuaciones en temas de protección medioambiental y las responsabilidades subsidiarias de los estados miembros. La Unión Europea ha dictado más de 200 disposiciones y de forma resumida pueden señalarse, por su importancia:

– Documento base, a partir de la comunicación de la Comisión sobre medio ambiente y agricultura, del año 1988.

– Diferentes directivas sobre la calidad de las aguas, que se concretarán en una próxima directiva marco sobre política comunitaria del agua, a partir de una comunicación aprobada el 21 de febrero de 1996.

– Numerosas directivas sobre conservación de suelos, hábitats, paisajes, fauna y flora.

– Desarrollo integral de las zonas rurales comprendidas en el objetivo 5b.

– Iniciativa comunitaria Leader, para fomentar grupos rurales que desplieguen iniciativas innovadoras.

– Iniciativa comunitaria Interreg, aplicable a zonas fronterizas entre países comunitarios.

– Iniciativa comunitaria Rechar, para reconvertir económica y socialmente las cuencas hulleras.

– Medidas agroambientales y medidas forestales, de acompañamiento de la reforma de la PAC, que contienen un amplio abanico de posibilidades, muchas de las cuales se han citado en los párrafos anteriores.

– Medidas horizontales derivadas de la aplicación del objetivo 5a, para la mejora de las estructuras agrarias, con acciones que igualmente se reflejan en párrafos citados más arriba.

Todos los apartados enumerados tienen un marco suficientemente amplio, aunque estricto, para acoger las actuaciones que se están considerando.

Una iniciativa que refuerza el espíritu progresivo que despliegue la Unión Europea en estos temas, ha sido la creación de la Agencia Europea del Medioambiente, para coordinar todas las acciones que se promuevan dentro y fuera del territorio comunitario.

Por su parte, el Estado español y los gobiernos autonómicos y regionales dictan disposiciones de diferente rango para aunar actuaciones tendentes a conseguir el equilibrio entre las actividades económicas y la defensa ambiental.

Así, en Catalunya se pueden enumerar diferentes normas, algunas de las cuales corresponden a leyes del Parlament:

– Protección del medio atmosférico.

– Evacuación y tratamiento de aguas residuales.

– Acción sobre residuos industriales y urbanos.

– Evaluación del impacto ambiental.

– Regulación del acceso motorizado a la montaña.

– Normas de actuación de las residencias y cámpings para turismo rural.

– Ley forestal y ley de pesca marítima.

– Reservas zoológicas y botánicas y protección de especies en peligro de extinción.

– Normas de prevención de incendios forestales y programa Foc Verd.

– Plan de espacios de interés natural (PEIN).

– Delimitación y actuación en parques y en zonas protegidas y sensibles.

– Normas de acceso a los parques naturales.

Recientemente, el Estado ha dictado el Real Decreto de marzo de 1996, sobre la protección de las aguas contra la contaminación debida a los nitratos de origen agrícola.

Acciones formativas. Posiblemente todo el tema que se está analizando no ocuparía tanta extensión si existiese una conciencia realista de respeto y convivencia con el entorno, por parte de todas las personas y colectivos que viven y utilizan el espacio rural y los recursos naturales.

Las acciones de formación –amplias, variadas y con presupuestos importantes– fijadas por la Unión Europa, pueden utilizarse por todos los estados miembros y se dirigen hacia un triple frente:

información – sensibilización – formación

En la medida que estos programas se inicien desde los niveles primarios de la educación de las personas y se extiendan a todos los sectores de población, se podrá pensar en unas auténticas conciencia y política medioambientales, sustentadas sobre unos cimientos sólidos. Ya no será tan necesario reglamentar y prohibir como fomentar, orientar y gestionar.

Es de destacar la convocatoria de la Comisión Europea del pasado mes de febrero, para iniciar acciones multinacionales para educación y formación en el ámbito medioambiental.

Los protagonistas del presente y del futuro

En todos los apartados se entrevé que las acciones positivas y negativas ligadas al desarrollo rural integrado y a su relación con el medioambiente tienen un protagonista y gestor claramente definido: el hombre.

La persona humana, la familia rural, es y debe ser responsable de cualquier cambio. Todavía más: debe participar en todas las fases de los estudios, programación y ejecución. Ningún programa puede avanzar sin la participación convencida de sus protagonistas.

Igualmente la formación y sensibilización han de llegar a la población usuaria del mundo rural y a las empresas y entidades que realizan inversiones y generan nuevas economías.

Es cierto que algunas medidas actuales resultan restrictivas para el disfrute de los atractivos que ofrecen el mundo rural y la naturaleza o limitan las posibilidades de explotar más ampliamente el potencial endógeno.

También se observan determinados comportamientos que producen un enfrentamiento entre segmentos de población. No siempre resulta fácil equilibrar los intereses de la población urbana, que desea disfrutar al máximo de la oferta de las zonas rurales, con los legítimos de-seos de quienes viven a diario en este mundo y quieren defender y preservar su forma de vida y su hábitat.

De la formación y de la responsabilidad de todos los protagonistas –activos, pasivos y agentes socioeconómicos– han de surgir programas consensuados y de respeto mutuo que permitan el desarrollo armónico, la mejora de las condiciones de vida de la población rural, el uso público de la naturaleza y la preservación del medioambiente.

 


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